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Infotec en los medios

Periscope: ¿tirar basura en la calle es parte de nuestra vida privada?

Fuente: El Mundo del Abogado | Publicado: 01/06/2016

El uso de la aplicación de video Periscope para exhibir faltas a la cultura cívica, por parte de Arne aus den Ruthen, funcionario de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, ha desatado un debate sobre diversos temas de interés jurídico, como el respeto a los derechos de las personas, el principio de legalidad al que está sujeta toda autoridad y la transparencia de los actos públicos. El autor reflexiona sobre dichos temas en este texto, que es una versión corta de la ponencia que presentará, en octubre de este año, en la Universidad de Salamanca.

Periscope es una aplicación que permite al usuario transmitir en tiempo real imagen y video, la cual es utilizada, además de compartir vivencias inocuas, para denunciar actos arbitrarios de algunas autoridades, así como conductas de ciudadanos que rompen con la cultura cívica y la convivencia.

Por: Alberto Enrique Nava Garcés*

Desde hace algún tiempo un funcionario de la delegación Miguel Hidalgo (Ciudad de México) ha utilizado la aplicación Periscope en la realización de sus funciones, por lo que diversos ciudadanos han sido exhibidos mientras apartan calles, tiran basura en zonas comunes o utilizan banquetas para estacionar vehículos o para colocar extensiones de sus negocios o de sus casas. La experiencia nos ha permitido constatar el gran número de usuarios que son testigos en tiempo real de estos actos que van contra las leyes de cultura cívica de esta ciudad.

Lo anterior ha ocasionado tres momentos en particular: el primero, cuando al reprender (por cuestiones de justicia cívica) a una señora que tiraba basura en la calle, apareció el rostro de su hijo (que no era infractor ni partícipe), quien, por ser menor, quedó expuesto al discrimen social y a un reproche que no merecía; el segundo incidente ocurrió con una persona con aparente discapacidad que tuvo la misma suerte, y por último se dio el caso de que al intentar bajar vehículos de la banqueta el funcionario quedó sujeto a las amenazas del dueño de los vehículos, quien, al parecer, una semana después intentó privarlo de su libertad y cuya agresión terminó en lesiones y robo.

Semanas más tarde, el mismo funcionario volvió a utilizar la aplicación para exhibir a personas que, presuntamente (pero no probablemente), ejercían la prostitución, lo cual desencadenó una nueva protesta al sentirse vulnerado y discriminado este grupo por su aspecto y afectado en su dignidad.

Con estos antecedentes tenemos abierto un debate sobre el uso de esta aplicación, ya que en principio deben tomarse en cuenta los siguientes puntos:

1. Los derechos de las personas y hasta dónde se protege, en el caso de los infractores, su intimidad o su privacidad en espacios públicos mientras atentan contra una norma de cultura cívica.1

2. El principio de legalidad (que el propio funcionario pretende argumentar en su favor como un acto de total transparencia) al que está sujeta toda autoridad.No hay disposición expresa para grabar a un ciudadano en tiempo real como medio de disuasión de un acto contrario a la cultura cívica o para dejar constancia de la actuación del funcionario, quien se comporta como ciudadano cuando está en funciones y en nada le beneficia argumentar que el equipo que usa es personal.

Asimismo, la actuación del funcionario no debe confundirse con la del ciudadano en cuanto al margen de derechos y obligaciones, ni tampoco puede invocar derechos personales cuando está actuando como autoridad, lo cual no significa que las autoridades no estén protegidas por el Derecho, como suele argumentarse. Por eso existe un marco regulatorio para que puedan desempeñar sus funciones y no se afecte su función ni su persona.

3. La transparencia de los actos públicos. Esta norma permite que el ciudadano conozca el quehacer de las autoridades mediante consulta previa, por lo que no es necesario que la propia autoridad lo haga en tiempo real, y menos si, en el caso de la presunta flagrancia de una violación a la cultura cívica, existe la posibilidad de que no haya la infracción supuesta.

La transparencia, en todo caso, debe procurarse desde la actuación del funcionario y no enfocándose en la persona transgresora. Se debe documentar la actuación de la autoridad. Esto es, la autoridad puede documetar su actuación y de hecho es conveniente que esto sea obligatorio, porque así el ciudadano podrá pedir copia del video cuando considere que la autoridad conculcó sus derechos; pero lo anterior de ningún modo autoriza a la autoridad para dar a conocer, en tiempo real, presuntas faltas, porque no sólo prejuzga, sino que se adelanta al criterio del juez cívico y expone al ciudadano a un reproche social que también puede resultar infamante.

Lo anterior ya ocurre con las grúas de la Ciudad de México que deben grabar sus actuaciones, o con la videovigilancia que graba en tiempo real, pero sólo mediante una solicitud a la autoridad y una vez que se haya justificado dar a conocer el contenido de sus grabaciones.

4. La naturaleza de la aplicación Periscope, una aplicación que en red social transmite video y audio en tiempo real. Y todo lo anterior se desató porque la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en lugar de emitir una recomendación, se limitó a hacer conjeturas acerca de la actuación del funcionario delegacional.

Por lo anterior, consideramos que es necesario hacer esta aclaración, pues en el caso que nos ocupa, estas cuestiones parecen haber sido obviadas del contenido del documento, el cual resulta ambiguo.

Derechos humanos

Es muy significativo que la autoridad encargada de velar por los derechos humanos en la Ciudad de México sólo haya hablado de probables vulneraciones, sin poder identificar el derecho humano por proteger. Lo mismo ocurrió —y esto ya es preocupante— cuando la autoridad que vigila el tema de la transparencia no supo acotar la actuación del funcionario delegacional para no afectar el uso similar de las nuevas tecnologías por otras autoridades.

Al final, no quisieron meterse con el escabroso tema de las redes sociales, pues es sabido que entre los defensores de éstas existe un gran grupo que mueve intereses partidistas los que, al final de toda jornada electoral, dan sustento y legitimidad a estas autoridades supuestamente independientes y ajenas del ámbito político.

Pero si debemos partir de un derecho humano en particular, consideramos pertinente hacerlo no desde uno, sino desde cuatro que aparecen unidos por el tema que nos ocupa: intimidad, privacidad, dignidad y derecho a la propia imagen, considerando al primero el más delicado, y al tercero, como uno de nueva generación, que tiene sus propias características.

Pero, ¿en realidad es muy difícil definir el concepto de vida privada? Mejor aún, ¿podemos distinguir lo que no es vida privada? Partiendo de esta inquietud podemos asegurar que el argumento del funcionario delegacional en este aspecto juega a su favor cuando señala lo siguiente:

- Que el hecho de tirar basura en la calle (espacio público) no es ni puede considerarse vida privada (de otra manera, la norma de cultura cívica que prohíbe tal hecho sería inconstitucional).

- Que estacionar un vehículo sobre la banqueta y que con ello se impida el paso peatonal tampoco puede considerarse como vida privada ni un acto derivado de la misma.

- Que apartar sitios en el arroyo vehicular no es un derecho de las personas ni que eso se desprenda de su vida privada ni de su intimidad.

En todo caso, lo que quedaría en la discusión es el hecho de aparecer en video y audio en tiempo real para todos los seguidores del funcionario en la red que se desprende de la aplicación de Periscope. De igual manera, queda el hecho de que en la transmisión aparezcan personas que acompañan a los transgresores por razones meramente circunstanciales y de que se trata de personas con minoría de edad,2 discapacidad, etcétera.

En el caso en particular, cuando el funcionario delegacional realiza sus transmisiones lo hace a la caza del infractor… A veces éste aparece y entonces los seguidores tienen el espectáculo listo: castigar al infractor mediante el inmediato rechazo social. ¿Sirve de algo llegar al juez cívico? Al final del día lo que persigue la autoridad ya lo consiguió: dejar el ejemplo de cero tolerancia a los infractores cívicos mediante la exposición de su persona.

¿Cuál es la secuela de dicha exposición? De la misma aparecen motes que con mucha naturalidad colocan los seguidores de la red a la persona infractora a través de los conocidos hashtags o etiquetas: #ladybasura, #lordpalo, #vecinogandalla, que quedan adheridos a la fama de la persona. ¿Qué le quedaría a la autoridad como garante de derechos humanos? No hacer eco de las mismas en su carácter de autoridad, porque con ello contribuye a la afectación de la dignidad de la persona, lo cual es contrario al sentido del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Principio de legalidad

El principio de legalidad obliga a la autoridad a no conducirse fuera de lo que le esté permitido por la ley, es decir, donde ésta no se pronuncie. La autoridad no puede ir más allá del sentido de la misma ni realizar actos fuera de su ámbito.

El funcionario, que muchas veces ha usado a su favor no ser abogado pero sí un intérprete a modo de la ley considera, bajo una falacia, que como la ley no dice nada sobre utilizar el teléfono para el desarrollo de sus actividades, entonces no podría usarlo, y con ese símil (o premisa falsa) señala que usa Periscope como una herramienta para cumplir con su obligación de máxima publicidad. Y para acentuar este yerro, la propia autoridad encargada de explicar los límites de esto (el INFODF) no ha podido encontrar el canal legal indicado para hacerlo, por lo que el silencio de los garantes de la transparencia le ha permitido al funcionario delegacional una actuación discrecional.

Y es que este tema ha tenido un desarrollo por el que ninguna de las autoridades competentes se pronuncia y, en cambio, proponen un protocolo que tampoco termina de convencer a las partes. ¿Protege realmente la dignidad de las personas?, ¿permite la máxima transparencia a la que apela el funcionario delegacional?, ¿protege datos personales?, ¿es de observancia obligatoria para la autoridad?, ¿respetar los derechos humanos derivará de una mera adherencia a un protocolo?, ¿es válido este esquema sólo para no desgastar a las autoridades para que resuelvan conforme a sus atribuciones?

Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías sirven, principalmente, para brindar una mejor calidad de vida a sus usuarios. Así, éstas van de la mano con los avances de la medicina y las cada vez mayores expectativas de vida. Pero tratándose de las nuevas tecnologías en materia de comunicación, éstas no sólo han atado a los usuarios a sus teléfonos inteligentes, sino a los contenidos y, específicamente, a los que llegan por las redes sociales, de modo que cuando se habla de legislar en la materia, usuarios y proveedores del servicio se unen bajo la bandera de que internet es neutro, como si fuera tierra de nadie y sin ley. Y se han provocado tantos yerros en su regulación que lo único que se ha propiciado es que siga siendo un medio por el que ocurren muchos actos impunes y donde la ley no ha logrado aterrizar de manera adecuada su misión: castigar al infractor que abusa del medio.

Periscope es una aplicación que permite al usuario transmitir en tiempo real imagen y video, la cual es utilizada, además de compartir vivencias inocuas, para denunciar actos arbitrarios de algunas autoridades, así como conductas de ciudadanos que rompen con la cultura cívica y la convivencia, como las que pretende denunciar el funcionario delegacional con una visión “ciudadanizada” de la actuación de la autoridad y en la que también ha quedado de manifiesto la poca colaboración que recibe de otras autoridades de la ciudad, como las veces en que se ha exhibido a policías (responsables de aplicar el reglamento de tránsito) que desconocen o simulan desconocer la norma aplicable a infractores y cuya falta de resolución propicia que el ciudadano infractor se confronte, a veces de manera física y muchas veces verbal (los supuestos infractores ven en la falta de actuación de la policía el mejor argumento para considerarse víctimas de un atropello por parte del funcionario delegacional), con el funcionario delegacional que lo denuncia.

Y así los observadores de la actuación de las autoridades descubrimos los distintos baremos con los que la policía deja de actuar o en los que, en vivo y en directo, se les dan a la fuga los infractores. Esto ha abierto otro frente al funcionario delegacional: el roce con las autoridades con las que debería complementar su actuación.

Caso

La soledad aparente en la que actúa el funcionario delegacional y la falta de apoyo de las autoridades responsables de aplicar el reglamento de tránsito4 lo llevaron a ser víctima de un ataque (ante el asombro de quienes lo seguían en vivo por la transmisión) que también se quedó en la memoria de los usuarios de Periscope, pues si no hubiese sido por el uso de esta aplicación, pocos o ninguno hubiese alertado de lo que casi era un secuestro en represalia por un operativo llevado a cabo una semana anterior y que, con no poco trabajo, el funcionario delegacional consiguió que se llevaran al corralón varios vehículos estacionados sobre la banqueta, los cuales eran de una persona que a través de un altavoz del teléfono le profirió varios insultos y amenazas.

Al final, paradójicamente esa herramienta tecnológica lo puso a salvo.

La agresión que sufrió el funcionario delegacional despertó el debate sobre su actuación, sobre sus fines y sobre la agresión que sufrió. Quedó en evidencia el hartazgo de la sociedad contra los infractores cívicos y contra el influyentismo del que se valen algunos ricos y pobres para no cumplir con cuestiones básicas de civilidad. Los ricos, por su poder económico y sus relaciones con el poder, y los pobres, por ser la base militante de políticos que protegen a sus bases, bajo ese mal entendido acuerdo que propicia impunidad.

Pero ese hartazgo y esa actuación siguen en el aire, sin una respuesta clara de quienes deben regular la actuación del funcionario delegacional y, por ende, sigue en riesgo la dignidad de las personas, la correcta colaboración que debe existir entre autoridades de distintos niveles para asegurar que el gobierno pueda actuar sin ver disminuido su imperio, sin que afecte derechos humanos y sin que se ponga en riesgo la integridad de los funcionarios.

Al final convergen varios temas de esta trama en la que ninguna de las partes ha encontrado una verdadera justicia: ni los afectados por los motes y las etiquetas, ni el funcionario por las agresiones recibidas. El debate está abierto.

Conclusiones

Lo que pudo ser sólo una ocurrencia por parte de un funcionario delegacional al presionar el botón de transmitir en la aplicación de Periscope, trajo consigo la apertura de varios temas:

1. Que la autoridad delegacional desconoce (o aduce desconocer) hasta dónde su carácter de autoridad le impide hacer uso de herramientas cuya naturaleza puede afectar la dignidad de las personas.

2. Que el uso de esta herramienta tiene cierta aceptación social de un buen número de vecinos de la delegación y de usuarios de las redes sociales (no vecinos del lugar) por el hecho de que algunos ven en la actuación del funcionario delegacional un acto justiciero que pone en orden las calles tomadas por particulares (y a veces por autoridades de otros ámbitos que toman la calle) sin derecho.

3. Que la vida privada no es aquella que se realiza a través de actos como tirar basura en las calles, estacionar automóviles sobre las banquetas o apartar lugares con todo tipo de artefactos sin permiso previo de la autoridad competente.

4. Que la autoridad delegacional debe tener en cuenta la no afectación de la dignidad humana en la realización o el cumplimiento de su labor y, por supuesto, que no puede hacer eco de los motes que los usuarios de la red ponen a los infractores que aparecen en la transmisión en tiempo real.

5. Que poco abona a la política de mando único de la policía descubrir por este tipo de transmisiones que los policías no colaboran de manera más estrecha con las autoridades delegacionales en cuestiones básicas. Y si esto pasa en las cuestiones básicas (y más en una ciudad como ésta), no queremos pensar en la descoordinación que existe en asuntos más graves que involucren distintos niveles de gobierno.

6. Que la policía desconoce, o parece desconocer, el reglamento de tránsito que debería aplicar. Esto es muy grave si recordamos que hay una norma de tránsito de reciente creación en la Ciudad de México cuya aplicación requirió capacitación previa.

7. Que la titular de la Comisión de Derechos Humanos no debió abrir fuego a través de comunicados de prensa, sino a través de una pronta resolución de las quejas abiertas, con el fin de poner a salvo los derechos que considerara vulnerados.

8. Que el órgano garante de la transparencia en la Ciudad de México debió tener en cuenta que un protocolo no es el instrumento idóneo para salvaguardar los derechos humanos y que su contenido, de errar nuevamente, podría afectar también las tareas de videovigilancia que realiza el gobierno de la Ciudad de México a través de sus órganos de seguridad.

9. ¿Qué queda en el tintero? a) Las diversas opiniones que ha despertado esta actuación. b) La resolución (y posibles recomendaciones) de los casos en que se ha promovido queja ante la Comisión de Derechos Humanos. c) El desenlace del caso de agresión sufrido por el funcionario delegacional. d) La aparición y el análisis del contenido de un protocolo de actuación que pretenda limitar el uso de Periscope para la autoridad.

Como observadores de la aplicación de las nuevas tecnologías y del marco regulatorio aplicable, estaremos atentos a lo que pase en cada caso.

Referencias:

1 Cuauhtémoc de Dienheim Barriguete destaca: “Así pues, el derecho al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso a la imagen propia, son considerados ya como derechos humanos fundamentales, establecidos por diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículos 17 y 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículos 11 y 13) y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (artículo 16), instrumentos todos estos firmados y ratificados por nuestro país. Cabe señalar que también existen otros instrumentos que establecen este derecho: la Convención de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1959, la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales aprobada por el Parlamento Europeo y la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981, de los que México no es parte.” “El derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen”, Ius. Revista Jurídica.

2 Como atinadamente lo señala Cuauhtémoc M. de Dienheim Barriguete, se atentaría contra lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en su artículo 16, que señala: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación; y que el niño tiene derecho también a la protección de la ley contra esas injerencias y ataques”.

3 Y aquí aclaremos que el funcionario delegacional no es la autoridad competente para bajar los vehículos de la banqueta o remitirlos al corralón, sino que actúa como mero denunciante de las irregularidades que ocurren en la demarcación en la que es autoridad y por ello requiere el apoyo de la policía de tránsito y de grúas que no están bajo su mando.

Alberto Enrique Nava Garcés

Doctor en Derecho, especialista en Derecho penal, amparo y nuevas tecnologías, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (CONACyT), profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor-investigador del Centro de Investigación en Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (INFOTEC) e investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

 

Fuente: El Mundo del Abogado

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